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La organización costarricense Preserve Planet rechazó hoy la acusación que Costa Rica presentó contra el fundador de la organización ecologista Sea Shepherd, el canadiense Paul Watson, detenido el domingo en Alemania a petición de este país centroamericano. La organización expresó en un comunicado que "es completamente ilógico que se gestione una causa penal en contra de una persona de reconocida trayectoria conservacionista como es Paul Watson, que solamente estaba colaborando en la protección de los recursos naturales de nuestro país".

Watson está acusado de violación del tráfico marítimo en aguas marítimas guatemaltecas en un incidente que se remonta a 2002, en el que el fundador de Sea Shepered fue denunciado por amenazar y atacar con un cañón a un barco de Costa Rica. Desde Australia, Sea Shepherd indicó que la supuesta amenaza ocurrió cuando Watson, conocido por sus campañas contra la caza de ballenas en la Antártida, filmaba en 2002 el documental "Sharkwaters" sobre una operación ilegal para extraer aletas a los tiburones a cargo del buque costarricense Varadero.

El presidente de Preserve Planet, Luis Diego Marín, declaró hoy a medios costarricenses que "la realidad es que Paul Watson colaboró con las autoridades del ministerio del Ambiente al entregar a unos pescadores ilegales".

"El Gobierno de Costa Rica mas bien debería agradecer a personas y organizaciones que colaboren con el resguardo de los mares costarricenses", añadió Marín.

Preserve Planet exigió a las autoridades costarricenses "que retiren de inmediato" cualquier acción legal contra Watson, quien podría ser extraditado desde Alemania en los próximos días a Costa Rica.

"No queremos que nuestro país haga un bochornoso papelón en el ámbito internacional, lo cual iría en claro detrimento de la imagen de país conservacionista que gozamos, afectando sobre todo a la industria turística", añadió la organización.

El Gobierno de Costa Rica anunció el lunes que se abstendrá de opinar sobre el caso pues es un asunto que corresponde exclusivamente al ámbito judicial.

El vicecanciller, Carlos Roverssi, manifestó que el Gobierno no intervendrá en el asunto ya que "se trata de un procedimiento que pertenece al ámbito judicial" y "por respeto al debido proceso y a la división de poderes".